El 17-D, sin alarmismos
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El Consejo Constitucional votó ayer la propuesta final de texto que será sometida al juicio de los electores el próximo 17 de diciembre. Este segundo intento por acordar una propuesta constitucional capaz de obtener el respaldo mayoritario en las urnas es un importante test de madurez política para el país, pero sobre todo para los partidos y sus dirigencias, que plantearon esta reforma como la vía de salida a la violenta crisis de 2019.
Si bien el Gobierno no esconde su escasa cercanía con el texto –“Creo que se debería haber hecho un mayor esfuerzo por arribar a un texto que representara a la diversidad de la sociedad chilena”, dijo el ministro de la Segpres-, hasta ahora ha sido en general respetuoso de su deber de prescindencia en la discusión constitucional (como no lo fue con la propuesta de la Convención el año pasado, que apoyó sin rodeos).
Es poco responsable advertir que uno de los resultados “puede ser el detonante de un nuevo estallido social”, como dijo un senador.
Por su parte, el oficialismo, dentro y fuera del Consejo, ha explicitado sus razones para oponerse al texto. Los argumentos son muy variados en su tipo y en su fuerza, pero son parte del legítimo -y necesario- debate público en torno a una materia de trascendencia nacional, como la Constitución. Menos constructivo parece el énfasis en la advertencia y el peligro, por ejemplo, sostener que “una Constitución más a la derecha que la actual puede ser el detonante de un nuevo estallido social, aún mayor que el de 2019”, como dijo el timonel del PPD.
Difícilmente se le puede pedir a la ciudadanía que se embarque en un complejo proceso de reflexión política y deliberación democrática bajo la premisa de que sólo una de las opciones tiene legitimidad moral (y sentido práctico), mientras que la otra garantiza el caos, la violencia y la indefensión. Que el presidente de un partido democrático, hablando en democracia, plantee la elección como una dicotomía en esos términos, dice mucho sobre la responsabilidad de algunas figuras políticas en el actual clima de división y polarización que constatan los analistas y deben soportar los ciudadanos.
El 17 de diciembre será un hito clave en un itinerario institucional relevante; no es responsable adoptar una óptica catastrofista.